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A partir de ahora, las plataformas están obligadas a presentar la “relación nominal de sujetos intervinientes, con su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, su precio y fecha de cada operación”

La medida del Gobierno obligará tanto a las “entidades residentes en España” como a “los establecimientos permanentes en territorio español” a suministrar a la Administración Tributaria información sobre las monedas virtuales que custodien.

Afectará a las entidades que “presten servicios, con carácter principal o en conexión con otra actividad para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, o para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales”. Esta información comprenderá los saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, y la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de esos saldos.

También afectará a las plataformas cuando proporcionen servicios de cambio de monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales; intermediación, en cualquier forma; salvaguarda de claves criptográficas privadas en nombre de terceros y mantenimiento, almacenamiento y transferencia de monedas virtuales.

En estos casos, deberán informar de las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia con estos activos, y de los cobros y pagos realizados en esas monedas, en las que intervengan o medien.

Aunque la obligatoriedad afecte en primera instancia a las plataformas (la ley obliga a los brókeres a recopilar la información de sus clientes), en realidad la nueva normativa recae directamente sobre los contribuyentes que posean bitcoin u otras criptomonedas.

De esta manera, de no cumplir con la declaración de las nuevas exigencias, Hacienda plantea una multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos de cada moneda virtual, individualmente considerada según su clase, que se debiera haber incluido en la declaración o se haya aportado de forma incompleta, inexacta o falsa.

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