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El Gobierno quiere aprovechar la nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para mantener las inspecciones sorpresa que se realizan en el domicilio sin previo aviso al contribuyente, una práctica desautorizada por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia.

En octubre, el Supremo anuló la autorización judicial que habilitó a Hacienda para entrar en el domicilio de una empresa que había tributado por debajo de la media del sector, argumentando que no se podía permitir el acceso por una «corazonada» o un propósito «meramente prospectivo o indeterminado».

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