Los propietarios recurren más a seguros de impago y a ficheros de morosos para evitar toparse con sorpresas. El precio de la vivienda y del alquiler aún aumenta en España, pero cada vez con menos intensidad. Tres de cada cuatro propietarios temen tener que enfrentarse a un caso de morosidad en el alquiler de sus viviendas.

las incidencias por morosidad en alquiler han crecido un 6,42% durante los cinco primeros meses del año, el 59% de los propietarios intenta averiguar si los inquilinos que se han interesado por su inmueble tienen antecedentes de morosidad.

El procedimiento judicial de desahucio es más ágil y eficaz para recuperar la posesión del inmueble. Contactar con el inquilino. En primer lugar, habrá de contactar con el inquilino u ocupante para intentar alcanzar un acuerdo amistoso. Si no se logra, algo probable ante casos de inquilinos morosos profesionales, se debe remitir un requerimiento fehaciente a fin de evitar la enervación del desahucio. Interposición de una demanda Si ello no surte efecto, se hará necesario solicitar el auxilio judicial. El procedimiento de desahucio persigue un doble objetivo: el cobro de rentas impagadas y el desalojo del inmueble. Esta actuación se inicia mediante la interposición de una demanda, suscrita por el abogado y el procurador, ante el juzgado del lugar en que radique el inmueble. Una vez admitida a trámite, el juzgado señalará fecha para el juicio y previsiblemente ordenará el desalojo forzoso del inmueble.

El moroso puede quedarse quieto y tranquilo, por lo que sería desalojado en la fecha señalada. También podría enervar el desahucio, es decir, pagar las rentas y seguir ocupando el inmueble. O bien podría pagar las rentas adeudadas y desalojar el inmueble. Desalojar el inmueble, pero no pagar las rentas adeudadas. En ese supuesto continuaría el procedimiento para reclamar las rentas. Podría formular su oposición al desahucio, lo que daría lugar a la celebración de un juicio en la fecha señalada. Tras el juicio el juez dictaminará una sentencia sobre el pago de rentas y desahucio, así como las costas judiciales. Por último, faltaría el lanzamiento (momento en el que se desaloja judicialmente al ocupante y se recupera la posesión del inmueble), al que acudirían el procurador y una comisión judicial. El tiempo medio aproximado será de 6 meses desde la interposición de demanda, incluido el lanzamiento, aunque la solicitud de asistencia jurídica gratuita (en el supuesto de insolvencia acreditada) puede causar demoras en otros 2 o 3 meses.

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