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Se estrechará el cerco sobre los nuevos negocios digitales, los autónomos que se van a otros países para eludir impuestos y las declaraciones a compensar en el Impuesto de Sociedades. Se vigilará a los autónomos y empresarios cuyo medio de pago principal es el efectivo -siempre y cuando no pertenezcan a actividades perjudicadas por la crisis del COVID-19. Se intensificará la vigilancia en aquellos negocios reincidentes en fraude tributario y en los modelos de negocio emergentes.

Se investigará más el fraude en los negocios que hayan salido menos perjudicados por la pandemia, y se levantará el pie de aquellos sectores más perjudicados para favorecer su recuperación.

Se seguirá poniendo el foco en los negocios que declaran en el impuesto de sociedades, reiteradamente, bases imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios futuros y en los negocios altamente digitalizados.

Se hace especial énfasis en aquellos negocios que tienen mucho uso de dinero en efectivo. Esto son, sobre todo, actividades que tratan fundamentalmente con particulares, salvo que se encuentren en aquellos sectores especialmente perjudicados por la crisis.

Se visitará a autónomos y pequeños negocios, no para hacer inspecciones, sino para recabar datos y estadísticas de facturación en los sectores. De este modo, se mandan avisos informativos y se les advierte si están declarando por debajo de la media de su sector, para que lo tengan en cuenta y sepan que, si persisten, podría haber una inspección.

Se investigarán en profundidad los pagos en efectivo en los negocios, y los pagos con tarjeta. Se va a luchar contra los TPV (terminales) que están a nombre diferente al del obligado tributario para eludir sus obligaciones.

A su vez, habrá una línea específica de control de elusión del recargo de equivalencia en el IVA. La Agencia verificará que los negocios estén correctamente censados en este régimen y exigirá a sus proveedores el ingreso del recargo si no lo han repercutido.

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