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Recientemente, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se daba a conocer que dentro de la propuesta que el Gobierno está negociando con los agentes sociales para sacar adelante un primer paquete de medidas de reforma de pensiones orientadas a retrasar la edad media a la que se jubilan los trabajadores en España, se encuentra la intención de crear nuevos incentivos monetarios para quienes sigan trabajando más allá de la edad legal de jubilación. Concretamente, se ha propuesto abonar una prima por una cantidad de hasta casi 11.000 euros (en el caso de las rentas más altas con bases máximas de cotización) por cada año que se retrase la jubilación. En el caso de que el trabajador hubiera cotizado al menos 44,5 años o más, este incentivo alcanzaría los 12.060 euros por cada año de aplazamiento.

En lugar de cobrar esta cantidad a tanto alzado el trabajador podría optar también por elegir un incremento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada uno de estos años que retrase su retiro (en la actualidad este incentivo está entre el 2% y el 4%); o, igualmente, podría optar por una tercera vía que mezclara estas dos posibilidades, una parte como pago único y otra como incremento de la pensión vitalicia.

Junto a estos incentivos para quienes opten por la denominada «jubilación demorada» y sigan trabajando más allá de la edad de jubilación (entre 65 y 66 años en 2021), el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto otras medidas para retrasar la edad efectiva o edad media real a la que se retiran los trabajadores (fijada ahora en 64,5 años). Entre ellas se encuentra la consistente en modificar los coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada voluntaria, de forma que «castiguen» más a las rentas altas que optan por este retiro temprano.

Por otra parte, también se están negociando con los agentes sociales varias limitaciones de la jubilación parcial (que permite trabajar menos horas en los años próximos a la jubilación y luego no ver penalizada su pensión cuando acceden al retiro ordinario). En este caso, se pretende que los recortes de jornada no se puedan concentrar en un solo año, sino que dicha concentración solo pueda llegar al 60% en el primer ejercicio (parece ser que, además, se prevé prohibir este retiro en determinados sectores, aún no concretados).

Finalmente, para que todas estas medidas puedan aplicarse, el Gobierno negocia la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos, aun cuando se contempla que se mantengan en todos los convenios que ahora existen y durante el resto de su vigencia; y una vez terminen dichos convenios, se plantea también un periodo transitorio para su desaparición definitiva.

Por último, junto con estas medidas para retrasar la edad de jubilación, se contempla también la nueva fórmula para revalorizar las pensiones anualmente, algo que se espera poder sacar adelante cuanto antes en el diálogo social para poder tramitarlo en el Parlamento en la segunda mitad de año y que esté en vigor a final de 2021: la nueva fórmula para revalorizar las pensiones anualmente. La propuesta es que se revalorizarán con el IPC del año anterior y se actualizará la diferencia con la inflación final; y si algún año los precios caen, esta contracción no se aplicará a las pensiones, pero sí servirá para mitigar las subidas de los tres años posteriores, de forma que solo mantengan el poder de compra, sin ganancias, salvo las pensiones mínimas.

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