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El pasado mes de abril finalizaba el plazo de seis meses que tenían las empresas para tener listo el registro salarial por sexos establecido en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, siendo que desde el 14 de abril todas las empresas están obligadas a tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos.

El registro salarial pretende ser una herramienta que contenga la información sobre las retribuciones en las empresas desagregadas por sexo para luchar contra la brecha de género, y a tal efecto, en él deben incluirse las retribuciones de la plantilla desglosadas por género en los tres conceptos salariales que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores: sueldo, complementos y percepciones extrasalariales. Debe figurar la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable.

Así pues, estos datos pretenden aportar suficiente información para detectar las situaciones de discriminación directa e indirecta que se puedan producir en las empresas, particularmente, establece el Reglamento, «las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo»; situación esta que se da cuando alguien percibe un sueldo menor sin que pueda justificarse de forma objetiva esa situación de desigualdad.

El registro salarial íntegro debe estar a disposición de los comités en las empresas que cuenten con este órgano; y donde no exista este comité, no estarán obligadas a facilitar los datos medios y medianos a los trabajadores, sino que bastará con que entreguen las diferencias porcentuales que haya en los salarios desglosados por género.

Aunque todas las empresas deben contar con ese registro, no todas tienen las mismas obligaciones, pues las que cuenten con más de 50 trabajadores deben además tener un plan de igualdad en el que debe incluirse una auditoría retributiva. En este caso deben incluirse también las medias aritméticas y las medianas de los grupos de trabajos de igual valor, siendo que, en dichas auditorías, cuando las medias aritméticas de las retribuciones totales de la empresa superen en un 25% la diferencia entre lo que perciben hombres y mujeres, deberá existir una justificación para ello.

Las empresas que no tengan el registro pueden llegar a ser sancionadas por no cumplir con una de las obligaciones que marca la norma sobre igualdad de género, pudiendo oscilar la multa puede entre los 625 euros y los 6.250 euros.

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